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La legalización garantiza que los bienes del difunto se recojan y salvaguarden, que se paguen las deudas y los impuestos del difunto, que se notifique a los beneficiarios del testamento y que todos los bienes restantes se distribuyan a los beneficiarios según el testamento del difunto o, si no hay testamento, según las directrices estatales.
La persona que supervisa la sucesión se denomina albacea testamentario. Si el difunto falleció sin testamento, el tribunal de distrito nombrará a un administrador de la herencia, normalmente el cónyuge u otro beneficiario del difunto. El albacea o administrador suele contar con un abogado especializado en sucesiones para preparar y presentar los documentos de apertura de la sucesión ante el tribunal testamentario, y es responsable de localizar todos los bienes, notificar a todos los beneficiarios y al público, y asegurarse de que los documentos de cierre de la sucesión se presenten ante el tribunal testamentario. A partir de ese momento, los bienes de la herencia se distribuyen entre los herederos y otros beneficiarios, y el tribunal libera al representante personal de toda responsabilidad.
La sucesión debe presentarse en el plazo de tres años desde el fallecimiento del difunto y su tramitación puede llevar de cuatro meses a un año o más. En Utah, los patrimonios inferiores a 100.000 dólares pueden renunciar a la legalización presentando una declaración jurada extrajudicial.
Pablo Picasso
Hay varias formas de evitar la legalización de una propiedad:
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